Reforma Judicial: lucharemos hasta el final – Laura Ballesteros
En la Cámara de Diputados, primero nos impidieron el acceso a varias legisladoras de la oposición. Cuando logramos entrar, aunque varios compañeros solicitaron que se verificara el quórum porque faltaban diputados (en su lugar, había choferes, asesores y otras personas), nunca se verificó que hubiera suficientes diputados para sesionar. No solo eso, en algunos casos a varios colegas se nos impidió el paso a la sede alterna, contrario a legisladores del régimen que fueron transportados al interior incluso por personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
En el Senado, la cosa fue más grave. Un senador, Daniel Barreda, estaba privado de su libertad, uno más, Luis Donaldo Colosio, fue rociado de gasolina y otros más fueron extorsionados por el régimen. Claramente no había condiciones para sesionar: ni siquiera estaba garantizado que los senadores votaran con libertad. A pesar de eso, impusieron la votación.
Lo quiero decir con todas sus letras: una reforma así es completamente inconstitucional. Y no solo es por el hecho de haber incumplido el procedimiento de Reforma Constitucional en varias ocasiones (suficiente para invalidar cualquier proceso de reforma), lo es también porque la Constitución no puede reformarse para autodestruirse.
Así como sería inconstitucional una reforma que establezca una monarquía en México, también es inconstitucional una reforma que destruye la división de poderes, que es el principal mecanismo para frenar el autoritarismo y el abuso de poder por parte del Ejecutivo.
Estos son algunos de los argumentos que convencieron a un juzgado en el Estado de Querétaro para suspender una parte de la reforma judicial: el artículo octavo transitorio. Ese artículo establece que deberá copiarse en las constituciones locales la Reforma Judicial de la Constitución Federal.
Así como se pretende destruir el Poder Judicial de la Federación destituyendo a todos los jueces para sustituirlos con políticos de Morena, la reforma judicial obliga a los estados a implementar el mismo modelo en los poderes judiciales locales.
