El próximo 1 de junio, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a cientos de puestos judiciales, tanto a nivel federal como en la mayoría de los estados del país. Más allá de si es adecuado someter a voto popular a quienes deben interpretar la Constitución y garantizar el respeto a los derechos, resulta indispensable que su elección sea producto de un voto informado y razonado.
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