Con un retraso de nueve años y una resolución que obliga al Congreso a legislar en la materia, en el Senado se trabaja en el proyecto de dictamen de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, cuya función es solucionar conflictos comunitarios y faltas administrativas, a fin de evitar que escalen y se conviertan en controversias que lleguen al Poder Judicial.
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