90 mil presos sin sentencia- Agustín Castilla

A unos cuantos días de que termine el sexenio y, en medio de la discusión por la reforma judicial que supuestamente busca acabar con la corrupción e impunidad, así como que la gente realmente pueda acceder a la justicia, vale la pena revisar que efectos ha tenido la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en nuestro país, al ser una de las principales apuestas gubernamentales para combatir la inseguridad violencia. Recordemos que, al inicio de la administración del presidente López Obrador, se promulgó una reforma constitucional por la que se amplió significativamente el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, que en automático una persona denunciada siga su proceso privada de su libertad hasta en tanto se determina su responsabilidad o inocencia y se dicta sentencia.

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