La Arquitectura de la Impunidad Digital – Raymundo Guzmán Corroviñas

El derecho penal contemporáneo enfrenta una crisis de territorialidad sin precedentes. Ha sido diseñado históricamente bajo la noción de fronteras físicas, soberanía geográfica y evidencias materiales tangibles; el sistema judicial luce desbordado frente a un fenómeno que opera en el ciberespacio, donde un agresor ubicado en un continente puede vulnerar sistemas críticos situados al otro lado del planeta en cuestión de milisegundos y sin dejar un solo rastro físico directo.

La delincuencia informática ha superado con creces la imagen del infractor aislado. De acuerdo con las investigaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), más del 80 por ciento de los actos de ciberdelito son ejecutados por organizaciones criminales estructuradas que lucran en mercados clandestinos globales. En estas redes subterráneas se comercializan herramientas de intrusión automatizadas, programas maliciosos y millones de credenciales bancarias robadas, operando con una ventaja estructural determinante: cometer el ilícito resulta sumamente económico y accesible, mientras que investigarlo y procesarlo penalmente exige ingentes presupuestos y complejas coordinaciones transfronterizas.

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