De las 49 mil 780 actas iniciadas en contra de servidores públicos entre 2015 y 2025, en el Estado de México, sólo 3.92 por ciento se judicializaron, es decir, fueron turnadas al Poder Judicial para definir si existen elementos para castigar penalmente a quienes hayan cometido delitos, con una sentencia condenatoria o absolverlos por haber demostrado su inocencia.
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