Se dice que – La prueba del cambio
Con las denuncias ya en manos de la autoridad, el expediente Tlalnepantla entra en su fase más delicada: la judicialización. Aquí es donde se sabrá si el discurso de transformación tiene sustancia o solo decora el poder. Le corresponde al fiscal general José Luis Cervantes Martínez —y en particular a su brazo anticorrupción, Rodrigo Archundia Barrientos— convertir las auditorías en acusaciones formales. La auditora superior del Estado, Liliana Dávalos Ham, debe blindar el caso con dictámenes técnicos sin sesgo político, y la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares Páramo, confirmar el alcance de los fondos federales comprometidos. Luego entrará en escena el Poder Judicial, presidido por Héctor Macedo, responsable de que la justicia no se extravíe en las sutilezas procesales. Raciel Pérez ya cumplió su parte: denunció y documentó. El resto dependerá de si las instituciones actúan o se esconden detrás del expediente. El cambio se mide en sentencias, no en conferencias.
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