Cuatro de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron para invalidar el Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México, aprobado en 2020 por el Congreso local, ya que viola los principios de presunción de inocencia, reinserción social, de protección de datos personales y no coloca en el centro a las víctimas de la violencia sexual.
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