La Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó el dictamen de reformas al Código Penal del Estado de México para tipificar el delito contra la economía con el fin de castigar con hasta 30 años de prisión a quienes presionan a comerciantes para obtener, vender, comprar o distribuir algún producto determinado el precio o el control de hacerlo con determinadas personas o unidades económicas.
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