Prisión preventiva: razón política – Simón Hernández León

La agenda pública enfrenta un debate nacional de gran trascendencia sobre la prisión preventiva oficiosa. El caso de Daniel García y Reyes Alpízar ante la Corte Interamericana -dos mexicanos que pasaron más de 17 años en prisión preventiva- colocó en el centro de la discusión de los poderes del Estado la medida en posturas que evidencian que la vigencia del Estado de derecho se antepone y subordina al cálculo político.

Por principio Daniel García y Reyes Alpízar fueron víctimas de una desviación de poder del Grupo Atlacomulco en el Estado de México. Por décadas en México se ha utilizado el derecho penal como mecanismo de control político. Desafortunadamente esa práctica subsiste en la actualidad a pesar de la autonomía formal de las Fiscalías como se puso en evidencia en el caso de Alejandra Cuevas. La prisión preventiva oficiosa legaliza la arbitrariedad y el abuso de poder además de favorecer una inercia institucional en la que la ausencia de capacidades de investigación generación de pruebas funcionalidad de los servicios periciales y estrategias efectivas de enjuiciamiento se sustituyen con la detención automática que a largo plazo resulta en un pilar de la impunidad.

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