Agenda Judicial

Los señalamientos en contra de los jueces penales federales son cíclicos. Cada tanto se inculpa a los juzgadores de los pocos resultados en la procuración de justicia; según la fuente, la impunidad llega al 98%. Ahora ha tocado el turno al secretario de Marina. Más de allá de establecer las facultades legales de investigación de delitos que pudiera tener la Secretaría de Marina (la Ley Orgánica respectiva limita la procuración de justicia al interior de la propia Secretaría) y la peculiar apropiación anímica de las actividades propias de la Fiscalía General de la República como la investigación delictiva y la consignación de una carpeta de investigación para que el juez federal respectivo establezca la posibilidad de dictar una orden de aprehensión, lo cierto es que el enemigo no es el juez que pone en libertad a un presunto delincuente. El juzgador tiene la obligación de verificar que las actuaciones prejudiciales cumplan con los requisitos de ley para que pueda darse la garantía de debido proceso.

La Jornada