La inmunidad procesal y el pacto federal (ll) – José Ramón Cossío Díaz

El 30 de abril pasado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emitió declaratoria de procedencia en el proceso de desafuero iniciado en contra del actual gobernador del Estado de Tamaulipas. A juicio de algunos diputados, la declaratoria podría remover la inmunidad procesal del gobernador y permitir que sea juzgado por la posible comisión de delitos federales. Al proceder así, los integrantes de la Cámara federal asumieron que la competencia del Congreso de los Estados se limitaba a tomar conocimiento de lo decidido. Contra el proceso, la declaratoria y sus posibles efectos, el Congreso de Tamaulipas promovió controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Argumento que sólo a esta le correspondía la determinación final sobre el titular del cargo de gobernador. Ello, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 111 constitucional y el segundo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.